El Informe Petras (1995)

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Revista Malabia número 65

(Publicado en la revista Ajoblanco)

La estrategia de Modernización

La modernización de la economía española entre 1982 y 1995 (período de gobierno del PSOE) involucró fundamentalmente tres estrategias interrelacionadas: liberalizar la economía, ahondar la inserción de España en la división internacional del trabajo (integración en la CE) y configurar un nuevo “régimen regulador”.

La liberalización tuvo lugar a lo largo de un marco prolongado de tiempo y fue de naturaleza global. Abarcó todo el período que consideramos y afectó profundamente a todos los sectores, regiones y clases de la población. Las medidas clave incluían la liberalización de los mercados, privatización de empresas públicas y bancos, libre convertibilidad y la flexibilización del mercado laboral. La aplicación de cada una de las medidas difirió en el tiempo: algunas se produjeron a mitad de los 80 (privatizaciones). Otras, de un modo poco sistemático, comenzaron en la última parte de la década y se prolongaron hasta mitad de los 90.

A la estrategia de liberalización la acompañó (siendo causa como consecuencia) la creciente inserción de España en la división internacional del trabajo, en particular como miembro a todos los efectos de la Comunidad Europea. La integración implicaba fundamentalmente especialización, desde el momento que España sólo era capaz de competir con éxito en un número limitado de áreas. En particular, la inserción de España en la división europea del trabajo tuvo por resultado la expansión de los servicios, especialmente del turismo, y un declive relativo de la industria. Inserción e integración implicaron básicamente dos procesos asimétricos interrelacionados: una transferencia desproporcionada de fondos de la CE a España (en relación con los pagos) y una balanza comercial muy desfavorable para el país. La entrada creciente de España en el mercado internacional condujo también a flujos de préstamos inversiones y beneficios desproporcionados: más préstamos e inversiones hacia España que viceversa; como consecuencia hubo mayor salida de beneficios e intereses devengados a inversores extranjeros que afluencias derivadas de los inversores extranjeros en España.

Las relaciones asimétricas caracterizaron también la “internacionalización del capital”. La práctica común del capital foráneo (europeo, en la mayoría de los casos) fue adquirir empresas españolas, mientras no hubo apenas participación española en compañías extranjeras. El resultado en muchos casos fue la conversión de España en una plataforma de exportación de mano de obra a compañías multinacionales de capital extranjero.

Esta inserción creciente de España en la división internacional del trabajo vino acompañada de la emergencia de un nuevo “régimen regulador”. El post-1982 fue un período de transición desde una industria nacional hacia un régimen internacional basado en los servicios. El “régimen regulador” son las reglas y los actores sociales que dan forma al proceso de acumulación. En esencia, las “reglas” se refieren al campo de acción y al método de la intervención estatal en la economía, las fronteras entre actividad pública y privada, capital nacional y extranjero, la distribución de los ingresos del Estado entre el capital privado y el bienestar social, la promoción de “mercados nacionales” y las exportaciones. Los actores sociales son los principales decisores (estatales y privados) que establecen las reglas y dirigen el proceso de acumulación. Durante el régimen regulador “industrial-nacional”, los principales actores sociales eran funcionarios públicos nacionales (electos y no electos) y líderes empresariales, sindicales y cívicos. Bajo el nuevo régimen regulador, los actores principales son prestamistas extranjeros, directores de bancos multinacionales, altos funcionarios de la CE y funcionarios públicos (elegidos o no) vinculados a las redes internacionales.

El nuevo régimen regulador y el proceso de acumulación que éste dirige ha tenido dos impactos principales: 1) ha facilitado la desindustrialización de la economía y la ascendencia de la economía de servicios; 2) ha fomentado la desnacionalización de la economía y la ascendencia del capital de propiedad extranjera.

En el contexto español, “liberalización” no significa “desregulación” o ausencia de “reglas” que gobiernen la economía, ni significa tampoco la eliminación de la intervención estatal. Lo que implica más bien es un cambio en las reglamentaciones, que facilita la expansión del capital extranjero, el crecimiento de los servicios y mayores prerrogativas del personal directivo en el puesto de trabajo. Paradójicamente, la intervención estatal aumenta; pero cambian tanto la naturaleza de los actores sociales que dirigen el Estado como la dirección de la intervención estatal. El nuevo régimen regulador amplía el papel del Estado a la hora de financiar, subvencionar y sacar de apuros al capital privado, multinacionales extranjeras incluidas. Bajo el nuevo régimen regulador, el predominio de los servicios y de los actores sociales de orientación internacional reemplaza a los anteriores “tecnócratas nacionales”, empresarios y actores sociales con vocación local.

Hay una lógica coherente en la estrategia de modernización que adoptó el gobierno socialista. La liberalización de la economía en los 80 era una condición necesaria para profundizar la inserción en la división internacional del trabajo. La inserción en Europa, a su vez, dio como resultado la consolidación de un nuevo régimen regulador basado en los “actores internacionales”. La ascendencia del nuevo régimen regulador prolongó el proceso de liberalización en los 90 y abrió las puertas a ulteriores tomas de poder extranjeras de la economía (internacionalización asimétrica y mayor especialización en los servicios).

El carácter mutuamente reforzador de los componentes de la estrategia de modernización hace difícil cambiar o reformar alguna parte por separado. La consolidación de la inserción en Europa dificulta los cambios en las políticas de liberalización, a causa de las nuevas reglas y decisores. La estrategia de modernización se mantiene en pie o se desploma como un todo.

Una advertencia de rigor. Cualquier análisis de la historia económica asiática o euroamericana deja claro que la liberalización no es el único método para aumentar o profundizar la participación en el mercado mundial. El proteccionismo estatal selectivo y las estrategias de exportación han sido prácticas muy extendidas y de éxito. En segundo lugar, los regímenes industriales nacionales han tenido éxito al formular estrategias económicas globales y fomentar estrategias económicas liberales, especialmente para sus dependencias de ultramar.

En resumen, mientras que hay una “lógica interna” en la estrategia española de modernización, sus componentes particulares no son ni los únicos, ni los más comunes, ni los de más éxito.

Este ensayo tiene en cuenta la coherencia y la lógica de la estrategia de modernización, pero nuestra preocupación de base es su impacto en la estructura social y política. En sus términos más amplios, la cuestión principal es si la estrategia de modernización ha conducido a unas mayores equidad y libertad política o a unas más hondas desigualdades y a un debilitamiento de la democracia política. En este sentido, la “modernización” y sus componentes interrelacionados son medios, no fines en sí mismos. Es útil tomar nota del grado de éxito que ha tenido el régimen socialista al liberalizar la economía, integrar a España en el mercado europeo y desarrollar un nuevo régimen regulador, pero el test definitivo de estas medidas radica en cómo afectan a la vida de las personas. Las cifras económicas globales, ya sea en términos de aumento de la productividad, volumen e ingreso de las exportaciones, número de turistas o transferencias de la CE en ecus, son pertinentes en términos de cómo afectan a la gente.

En este sentido, descartamos el supuesto de muchos economistas liberales de que un funcionamiento favorable del mercado se traduce necesariamente en mayores niveles de vida y en más libertad política. Para nosotros, las consecuencias socio-políticas de la modernización son tema de análisis empírico, no algo comprensible por lógica deductiva a partir de los supuestos a priori de la teoría neoliberal.


El impacto en la estructura social

Nuestro ensayo se centra en el impacto de la estrategia de modernización en dos dimensiones específicas de la estructura social: la calidad de la vida social y de la organización social de dos generaciones de trabajadores. Ambas dimensiones brindan una comprensión básica del aumento de la equidad social y de la fuerza de la sociedad civil. Nos fijamos no sólo en los resultados materiales de la política de modernización, sino en la manera en que la sociedad se organiza.

Al examinar el impacto de la modernización en la calidad de vida de la clase trabajadora, consideramos varias áreas generales: ingresos, empleo, vivienda y ocio. Para comprender el impacto de la estrategia de modernización, era fundamental determinar si había causado un efecto “homogeneizador” o “diferenciador” sobre dos generaciones de trabajadores. En otras palabras, si la distribución de bienes y servicios aumentaba o disminuía, y cómo se habían distribuido. Un modelo, que llamaremos “tecnocrático” se concentraría en la producción global de bienes sociales. El otro, el “optimizador social” examinaría la distribución de bienes y servicios entre diferentes segmentos de la clase trabajadora. En otras palabras, un aumento de los gastos sociales en educación puede tener diferentes consecuencias para diferentes grupos sociales. Mayores gastos en la educación superior, en un sistema donde predomina la clase media y gastos relativamente más bajos en la formación profesional, los cuales afectan a la clase trabajadora, podrían incrementar las desigualdades, mejorar la calidad de educación de la clase media y tener el efecto contrario en la clase trabajadora.

En este ensayo, el análisis se centra en los efectos específicos de la estrategia de modernización en dos generaciones de trabajadores.

Al examinar los niveles de vida intergeneracional de la clase trabajadora, revisamos la estabilidad de los niveles de renta, salarios sociales e ingresos en metálico, y si éstos han crecido o disminuido a lo largo del tiempo. Sometemos a examen las diferencias de ingresos entre generaciones para determinar si las diferencias entre los grupos de más edad y los más jóvenes aumentan o disminuyen.

Al hablar de empleo en la clase trabajadora nos centramos en varias dimensiones: empleo versus paro, empleo estable versus eventual y empleo en trabajos bien remunerados versus trabajos mal pagados. El estudio muestra que la estrategia de modernización ha incrementado el empleo en los trabajos inestables y mal pagados para la gente joven y emplea a los trabajadores por debajo de sus niveles educativos.

Un segundo tema en nuestro análisis es el impacto de la modernización en la organización social. La modernización modera el discurso y debilita la organización de la sociedad civil. Las organizaciones del lugar de trabajo, cívicas y comunitarias han decaído en número de miembros, autonomía y capacidad para formular y aplicar políticas, especialmente entre los trabajadores jóvenes. La modernización ha debilitado el sentido de compromiso comunitario en los asuntos sociales y ha creado mayor atomización social y desarticulación de las organizaciones sociales, en especial entre la gente joven. La formación y articulación de organizaciones sociales, así como su influencia política y social, eran más fuertes entre la generación mayor de trabajadores, que entró al mercado laboral antes de que el gobierno socialista diera comienzo a la “modernización”. Nuestro estudio muestra que una mayor dependencia del “mercado” se acompaña de un papel creciente del Estado versus la sociedad civil, de modo que esta última se debilita. La “sociedad civil” está dividida por clases y generaciones. El proceso de modernización tiene un efecto diferenciador sobre la organización social de las generaciones de trabajadores jóvenes/mayores.

En resumen, el estudio se centra en la naturaleza cambiante de la clase trabajadora y en los efectos a largo plazo y a gran escala de la modernización en los niveles de vida, en la política y en la cultura de diferentes segmentos generacionales de la clase trabajadora.


El impacto en la estructura política


La estrategia de modernización, con su énfasis en el sector privado, una más honda integración en el mercado europeo y un régimen regulador basado en actores internacionales, tiene un efecto profundo sobre un cierto estilo de toma de decisiones políticas y sobre el concepto de ciudadanía, de los que, a su vez, depende. La rama ejecutiva del gobierno ha determinado cada vez más el proceso de toma de decisiones; el decreto ley se ha usado mucho en el proceso de modernización. Debido a la ruptura radical con el anterior régimen regulador y al coste social que implican la liberalización y la integración, el énfasis en el ejecutivo se convierte en un acompañamiento “natural” de la modernización.

Distinguimos tres tipos de liderazgo: a) concentrado en el ejecutivo; b) con reparto de poder; c) consultivo.

El liderazgo concentrado en el ejecutivo implica en esencia la restricción a un número limitado de confidentes cercanos, cuyo poder discrecional es estrechamente supervisado por el Presidente, bajo cuya dirección actúan. El flujo de influencia y poder combina las vinculaciones “horizontales” (entre jefes de Estado, funcionarios de la CE, las principales instituciones de préstamo y grupos empresariales y financieros de orientación internacional) y los vínculos verticales (entre los parlamentarios, el partido y las organizaciones cívicas y sociales).

El liderazgo con reparto de poder se centra en la difusión del poder entre distintas ramas del gobierno (Parlamento-Presidente), el partido y el Estado, y organizaciones sociales. Aunque no todos los grupos comparten el poder equitativamente, hay un proceso de regateo y negociación sobre diversas áreas temáticas. La fragmentación del poder y la necesidad de coaliciones facilita la defensa de intereses sectoriales, al tiempo que limita la capacidad del Ejecutivo de imponer cambios estructurales básicos.

El liderazgo consultivo cuenta en gran medida con los flujos de influencia, ideas y propuestas, que van de abajo arriba. Está ligado estrechamente a una sociedad civil fuerte, en la cual las organizaciones sociales autónomas juegan un papel determinante en la formación y articulación de las cuestiones. La capacidad del Ejecutivo para aplicar medidas de alto costo social se ve restringida. Los partidos, el Parlamento y los funcionarios de la Administración quedan bajo un estrecho escrutinio público. La opinión pública se configura mediante intercambios horizontales entre las organizaciones sociales. La influencia de fuentes de información, centralizadas e impersonales como los medios de masas se ve disminuida. Los decisores extranjeros y los funcionarios no electos, que desempeñan un papel central en el liderazgo ejecutivo, y que son influyentes en un esquema de reparto de poder, quedan relegados a una posición marginal bajo los modelos de liderazgo consultivo.

El liderazgo concentrado en el Ejecutivo es, según la teoría democrática clásica, el más elitista y restrictivo, aunque es con toda probabilidad el más eficaz para llevar a cabo una modernización como la española.

El liderazgo con reparto de poder es menos elitista, en la medida que se incluye a un conjunto más amplio de fuerzas políticas y sociales, pero es menos capaz de aplicar la estrategia de la modernización, y excluye o margina a sectores significativos de la sociedad civil. El liderazgo consultivo es prácticamente incompatible con la estrategia de la modernización (al menos tal como se ha elaborado en el caso español), pero es el más inclusivo y democrático, en la medida que consulta activamente a sectores importantes de la sociedad civil.


Cultura cívica


La estrategia de modernización ha tenido un gran impacto en la cultura cívica (relaciones entre la sociedad civil y el Estado, nivel y calidad de la actividad ciudadana, acceso a la clase gobernante e influencia del gobierno sobre los ciudadanos). Una democracia viable depende de la capacidad de los ciudadanos de sentirse libres para ejercer sus derechos, sin las amenazas o la intimidación de aquellos que ejercer el poder. Los regímenes autoritarios exigen que los movimientos sociales subordinen sus demandas a las prioridades de las élites (inversores extranjeros, prestamistas, la CE, etc.). En una cultura cívica, los líderes políticos incitan a los ciudadanos a actuar como los agentes del cambio social, mientras en una cultura política autoritaria (haya elecciones o no) los líderes políticos fomentan la creencia de que los movimientos sociales “amenazan la estabilidad democrática”, siembran el miedo y la inseguridad entre los ciudadanos y promueven la idea de que sólo la élite política puede decidir cuándo, dónde y cómo hay que proceder para poner en práctica el cambio social.

En el terreno jurídico, la igualdad ante la ley y la subordinación a ella de los funcionarios públicos (incluyendo policía y ejército) es un ingrediente esencial para la creación de una cultura cívica. Ésta excluye, por definición, el uso por parte del Estado de cualquier organización paramilitar. La creciente evidencia de la implicación del Gobierno en la organización y financiación de los GAL es totalmente incompatible con cualquier noción de cultura cívica.

La opción política, el libre acceso a la información y la libertad para organizarse son variables significativas a la hora de medir la cultura cívica. La opción política no se basa sólo en el número de partidos sino en el grado de apertura del sistema político a debatir estrategias alternativas de desarrollo. El libre acceso a información no se basa sólo en la libertad para publicar o leer cualquier cosa que se desee, sino en el acceso equitativo a la media para presentar ideas. La libertad para organizarse implica “bajo coste” al unirse a una organización; los trabajadores eventuales pueden ser legalmente libres de afiliarse a un sindicato, pero los empresarios son igualmente libres de no renovarles el contrato, lo cual socava en la práctica el derecho de asociación.

Los programas de empleo subvencionados por el Estado y vinculados a clientes políticos, en los que se ligan las preferencias del empresario con la consecución del empleo, son incompatibles con la cultura cívica. El acceso a la clase gobernante de una minoría que tiene como resultado el enriquecimiento personal, es incompatible con la cultura cívica. La integridad política vincula la responsabilidad del gobierno con una ciudadanía activa y autónoma, organizada en sociedad civil.

Hay dos culturas políticas bien determinadas. Una cultura cívica donde las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos, y donde los funcionarios políticos electos fortalecen la participación ciudadana y fomentan el crecimiento de los movimientos sociales. La actividad gubernamental se rige por la ley y no se usa el cargo público para imponer preferencias políticas a los ciudadanos ni para el enriquecimiento personal. Una cultura política autoritaria es aquélla donde la corrupción es desenfrenada y el enriquecimiento personal es endémico al sistema político. Las organizaciones paramilitares violan los derechos humanos y la política estatal se encamina a limitar la participación ciudadana, dominar las cadenas de comunicación y concentrar la actividad política en el liderazgo personal de la élite política. La “ciudadanía” se reduce a votar por un menú político de élite en lugar de ser orientada a formular los contenidos de ese menú. En ese sentido, los votantes no son ciudadanos, en la medida en que no son miembros de una comunidad política. Aunque votar es un ingrediente necesario, resulta entonces insuficiente. La cultura política gobernante puede debilitar seriamente la posibilidad de crear una cultura cívica.

Se ha argumentado mucho que la modernización es condición sine qua non para la consolidación de la democracia en España. Han surgido suficientes evidencias que ponen en duda ese supuesto.

La modernización a través de la liberalización de la economía se ha consumado en gran parte vía decreto ley, lo que ha favorecido las estructuras estatistas-autoritarias, a expensas de la sociedad civil y la consulta pública.

La centralidad del mercado como el principal mecanismo para la modernización ha reforzado los lazos entre los negocios y el Estado, y ha fomentado los valores mercantiles dentro de la clase política. El resultado ha sido que la corrupción a gran escala ha impregnado el sistema político, minando la ciudadanía. La liberalización, con su énfasis en la privatización y en la flexibilidad laboral, conduce al aumento del trabajo eventual, a un declive de la organización social y a mayores disparidades de renta entre capital y trabajo.

La liberalización y el nuevo régimen regulador fortalecen a los empresarios sobre los trabajadores, al capital extranjero sobre el nacional, a los “servicios” (banca, especulación, bienes inmobiliarios, turismo) sobre el capital productivo (industria, minería, agricultura).
El nuevo régimen es “inclusivo” por lo que se refiere a multinacionales y banqueros extranjeros y excluyente respecto a trabajadores y productores locales.

La inserción de España en el mercado europeo del trabajo aumenta el desempleo porque la industria española no es competitiva. Al tiempo que la especialización en el sector de los servicios incrementa las desigualdades entre el capital financiero y los trabajadores mal pagados de dichos servicios. Aumenta el turismo, junto con el empleo estacional mal pagado, lo que ensancha las disparidades entre regiones y clases.

El aumento de industrias de propiedad extranjera está directamente relacionado con la liberalización y la inserción de España en la división europea del trabajo. El incremento del capital controlado por extranjeros aumenta la influencia política de actores políticos no electos, que configuran más y más la agenda política. Esa inserción de España en la división europea del trabajo incrementa el flujo de pagos por transferencia hacia España, al tiempo que aumenta su deuda externa y su déficit comercial. Los pagos por transferencia subvencionan parte de los costes sociales de la modernización y de los clientes políticos del régimen, pero a expensas de las actividades con valor productivo. El aumento de la integración externa (turismo/comercio intereuropeo) va ligado a la desintegración interna (sub y desempleo).

La liberalización incrementa los flujos de capital, pero la corrupción socava la confianza de los inversores extranjeros en el Estado y en sus colegas españoles del sector privado. De aquí el modelo de crecientes inversiones especulativas y con subvenciones especiales del Estado en cortos ciclos expansivos, seguidos de crisis y tendencia al estancamiento.

La modernización “desde arriba y desde fuera” se basa en un régimen político con fuertes vinculaciones horizontales (negocios, bancos, instituciones financieras foráneas) y cultura política autoritaria. La economía de mercado se casa con una estructura política de “mando”. Pero la liberalización socava la estructura productiva interna mientras la inserción creciente en la CE aumenta los pagos por transferencia compensatorios: se crea así una economía débil y un vasto programa de bienestar social. La contradicción entre inserción exterior y clientelismo social es de duración limitada. Las exigencias de la liberalización de mayores subvenciones del Estado y menores gastos sociales conduce a un deterioro del apoyo político a la estrategia de modernización.


Brecha generacional


La clase trabajadora española está profundamente dividida entre una menguante minoría de trabajadores fijos y sindicados, con un salario llevadero y beneficios complementarios, y una masa creciente de trabajadores eventuales que trabajan por el salario mínimo o por debajo, con horarios irregulares (que oscilan de unas pocas horas a la semana a cincuenta o más), sin beneficios complementarios y totalmente sujetos a los dictados del empresario. Esta división social corresponde en gran parte a una división generacional, que a su vez coincide con los cambios en las estrategias económicas globales. La mano de obra fija y mejor pagada son normalmente los “padres” y las “madres” que entraron en el mercado laboral a finales de los 60 y a principios de los 70, durante la estrategia de industrialización nacional del tardofranquismo. La mano de obra eventual son “hijos e hijas” que entraron en el mercado laboral a finales de los 80 y principios de los 90, en plena aplicación, a gran escala, de una estrategia económica neoliberal por parte del PSOE.

Las diferencias intergeneracionales dentro de la clase trabajadora son profundas y duraderas, y afectan a todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, cultural y familiar. Las diferencias socio-económicas están profundamente ligadas a la brecha comunicativa entre generaciones, que ha sido materia de numerosos analistas. Los valores culturales que chocan, los discordantes estilos de vida y el impacto de la cultura de masas a través de los media son factores importantes en sí mismos, pero también reflejan y son producto de diferentes “situaciones vitales”.

Para la generación mayor el empleo no era un problema grave; y una vez se estaba empleado aquello era, si uno quería, de por vida, siempre que no se infringieran las normas políticas del régimen franquista. De este modo, la estabilidad en el empleo proporcionaba una base para la continuidad y un grado relativo de certidumbre a la hora de hacer proyectos para el ciclo vital. El trabajo, por supuesto, era duro, las horas muchas y los salarios bajos, pero había, sobre todo a principios de los 70, un montón de oportunidades para presionar y luchar por incrementos salariales y por ensanchamiento de la red social. Empleo, matrimonio, montar la “casa”, alquilar, luego ahorrar, un pago al contado y la compra del piso, los hijos, visitas a la familia los domingos, para algunos incluso una casa de campo o playa.

Para la nueva generación, el empleo es el problema número uno. El empleo eventual crea una gran incertidumbre en lo concerniente a ingresos, al futuro, al presente. Se vive con miedo al despido súbito. Un fuerte sentimiento de vulnerabilidad junto a un salario pobre crea inseguridad personal y falta de autoestima, al tiempo de que hay una reticencia a hablar de lo mal que te pagan, de las muchas horas de trabajo y de lo obediente que tienes que ser para mantener un empleo de miseria. La vida no tiene la continuidad que te permite hacer amigos en el trabajo y planes para el futuro. Las relaciones estables, a largo plazo, ni se plantean. ¿Cuándo y dónde podrían consumarse? De modo que las relaciones transitorias, de fin de semana, se vuelven la norma.

Los “placeres de la familia extensa” se ven muy constreñidos. Los padres se quejan de que sus hijos se limitan a “ir y venir” y no contribuyen en nada cuando trabajan, a menos que se les presione. Mientras que los hijos se gastan los ingresos en equipos electrónicos, fines de semana en bares y discotecas y lo que sobra en eventuales vacaciones.

Si los padres son a veces demasiado indulgentes, es quizá por la mala conciencia de que son unos “privilegiados”, o como una autoayuda a su propia seguridad laboral. La mayoría de trabajadores de edad tienen un fuerte sentimiento de que se “sacrifican” para dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron al crecer en la pobreza. La ironía es que los padres esperaban que, con ingresos añadidos, más educación y una familia estable, los hijos conseguirían más que ellos, alcanzarían un status más alto con empleos mejor pagados. En lugar de eso, los hijos de los trabajadores no pueden lograr siquiera el nivel de seguridad e ingresos de sus padres. La gran paradoja del último cuarto del siglo XX es que las mayores inversiones de las familias en los hijos no pudieron contrarrestar los efectos retrógrados del sistema económico neoliberal. Hace casi setenta años, durante los años 30, tuvo lugar un proceso similar, durante la Gran Depresión.

La movilidad intergeneracional descendente no es un fenómeno sólo español, en diversos grados se está dando entre los trabajadores de USA y Europa, especialmente allí donde el modelo neoliberal ha reemplazado el Estado de Bienestar. Un artículo reciente del New York Times señalaba:

“La movilidad social no ha aumentado, como demuestran los últimos estudios, por mucho que los conservadores afirmen que aún abundan los Horatio Algers. La movilidad, en efecto, ha disminuido en especial para los pobres. Y lo más preocupante de todo: las tendencias al ensanchamiento de las desigualdades de renta y la de entre los jóvenes, lo cual sugiere que el país se dirige hacia una sociedad más estratificada. Al comparar los años 80 y los primeros 90 con los últimos 60 y los 70, los investigadores comprobaron que cada vez es más probable que los pobres sigan siendo pobres y los ricos, ricos. Vieron también que la clase media, definida como familias con ingresos, después de impuestos, entre 24.000 y 72.000 dólares (entre tres y nueve millones de pesetas), se va rompiendo: las probabilidades de volverse rico o pobre habían aumentado, mientras que las probabilidades de permanecer en la clase media habían menguado”.

El estudio comprobó también que las oportunidades de los jóvenes de alcanzar unos ingresos de clase media hacia los 30 años están disminuyendo. Mientras que el 60% de aquéllos que cumplían los 30 antes de 1989 lo conseguían, sólo el 42% lo han conseguido desde entonces. “Lo impresionante es el modo tan uniforme en que se ha producido esta caída de la movilidad ascendente, a lo largo y ancho de todos los grupos demográficos del mercado laboral”, dice el profesor Duncan.

Además el fenómeno ya no se limita a la clase obrera o a los jóvenes. Cada vez más la clase media, los profesionales y los técnicos cualificados, incluyendo a individuos de media edad, se ven afectados por la “reducción de tamaño” de las empresas y la subcontratación. El trabajo eventual afecta cada vez más a los empleados de clase media.

Lo que está claro, sin embargo, es que España representa un especial caso “avanzado”. Sus niveles de desempleo y paro juvenil son los más altos de Europa Occidental y USA. Además, ha sido España quien se ha encaminado más lejos y más rápido hacia un sistema laboral de dos tercios, donde las ordenanzas laborales establecen abiertamente por ley desigualdades de renta sustanciales y salarios por debajo del límite de pobreza; con escasas, cuando las hay, reglamentaciones en lo que concierne a abusos patronales. Lo que está pasando en España es tal vez un espejo de lo que podríamos esperar en otros países en el futuro.


Empleo / Paro


Entre mediados de los 70 y final de los 80, el índice de desempleo en España ha empeorado en relación a su propio pasado y a Europa. Mientras que en 1974, antes de las políticas de liberalización del PSOE, dicho índice era similar al europeo, a mediados de los 80 se había multiplicado por siete y casi doblaba la tasa europea. Una tendencia que continuó hasta el final de la década y más allá, como veremos. La ironía es que, en la retórica “europeísta” del régimen de González, el argumento de que la liberalización era la vía para volverse europeos encubría el hecho de que la distancia entre España y Europa se había ensanchado, al menos en cuanto a los índices de paro. En realidad, el índice de paro español aumentó hasta acercarse al de las crisis europeas de los años 30 y a los países del Tercer Mundo antes que al de la Europa moderna. Con uno de cada cinco trabajadores sin empleo, la estrategia de liberalización deja claro que no está dirigida a aumentar el empleo, sino a facilitar la adquisición extranjera de industrias locales y a incrementar la presión a la baja de los salarios para facilitar la acumulación de capital.

Los datos en secuencia temporal, que atienden a las cohortes de edad y desempleo, ilustran el hecho de que el aumento del paro ha tenido impacto sobre todo en la gente joven.

En 1975 sólo el 8,1% de los hombres y el 6,3% de las mujeres entre 20 y 24 años estaba desempleado, mientras que en 1985 las cifras eran el 42,2% y el 47,8% respectivamente. En 1988 los índices eran de cuatro a ocho veces más altos que antes de las reformas liberales y sobre todo entre gente joven, lo cual refleja que la generación mayor entró en el mercado de trabajo antes de la liberalización. Esto se ve claro si comparamos las diferencias en desempleo entre los grupos de edad antes y después de la liberalización. En 1975, en el grupo de edad entre 16 y 24 años, el índice de desempleo era del 9%; para aquellos por encima de 24 era del 2,9%, una diferencia de 6 puntos porcentuales. En 1985 la diferencia variaba entre 30 y 40 puntos. En términos absolutos, el número de parados aumentó de 150.000 en 1974 a 2.750.000 en 1988. Durante ese período, el porcentaje de personas que recibían el subsidio de desempleo bajó del 69% en 1976 al 42,5% en 1988. El grueso de los parados venía del sector industrial, la construcción y agrícola, todos ellos golpeados por la liberalización y la entrada de España en el Mercado Común. Igualmente desastroso es el hecho de que el número de parados de larga duración (aquellos fuera del trabajo por más de dos años) creció con la prolongación y profundización de las políticas de libre mercado. En 1977 sólo el 15,6% de los parados habían quedado fuera del mercado de trabajo durante más de dos años o más: en 1984 la cifra se elevó al 31,7% y en 1988 casi la mitad de los parados eran de larga duración.

Los altos índices de desempleo se han mantenido en los 90, lo cual demuestra que el problema tiene sus raíces en las estructuras profundas de la economía liberal. Hubo una leve caída del desempleo en los 80 entre jóvenes (16-24), pero las cifras llegaron a elevarse hasta rozar el 50%. Entre 1984 y 1993, el índice de desempleo se incrementó para todos los grupos, salvo los jóvenes, que ya habían alcanzado los niveles máximos.

Para los jóvenes trabajadores entre 25 y 29 años el paro aumentó del 23,9%; entre 30 y 34 años, del 15,1% al 21, 6%. Los mayores de 40 años, mientras tanto, tenían los niveles más bajos de desempleo. Sin embargo, es necesario hacer notar que los índices de paro entre los trabajadores maduros aumentaron durante el proceso de liberalización, aunque las imponentes diferencias en el paro entre los jóvenes por debajo de 25 años (40% y más) y los mayores de 40 (14,5%) es uno de los factores clave que explican las diferencias “generacionales”.


Contratos de trabajo

Parte de la estrategia de libre mercado del PSOE tratando de reforzar el poder de las empresas consistió en una serie de leyes laborales aprobadas en los 80 que socavaron el empleo estable de los trabajadores. Se fueron permitiendo, cada vez más, los contratos eventuales, que en la mayoría de los casos eran de seis meses de duración y estaban sujetos a cancelación a discreción de los empresarios y sin indemnización ni despido. Junto al aumento del paro masivo entre los jóvenes trabajadores, está la creciente inestabilidad y discontinuidad del empleo entre los que lo encuentran. Y los altos índices de paro se dan a todos los niveles de la educación. A pesar de los crecientes logros educativos, la economía de libre mercado muestra poco interés y flexibilidad por la mano de obra cualificada. Los trabajadores cualificados y educados hacen frente hoy a índices de desempleo que sobrepasan un cuarto de la fuerza laboral, por eso la escolarización puede parecer fuera de lugar para unos jóvenes trabajadores con pocas perspectivas de empleo. La formación técnica y profesional parece fuera de lugar en una economía orientada al turismo, la administración pública y las plantas de montaje. Los nuevos contratos temporales, que proveen a los empresarios de una enorme ventaja sobre los jóvenes trabajadores, son los preferidos por los empresarios de Cataluña. Está claro que la abrumadora mayoría de los contratos temporales para la gente joven son hoy inseguros, mal pagados y temporales, un fenómeno que crece con el tiempo y está empezando a afectar a todos los grupos de edad en mayor o menor medida. De persistir la tendencia actual, está claro que los trabajadores fijos, bien pagados y sindicados van a ser una clara minoría. El gobierno de Jordi Pujol es uno de los arquitectos y promotores clave de los contratos temporales y es probable que los estimule con el tiempo. En ese sentido, las políticas nacionalistas son, en un sentido estricto, “lingüístico-culturales” y se combinan con un contenido social profundamente anti-trabajo. De hecho, a nivel económico, el nacionalismo no existe, en la medida que Pujol es un ardiente partidario y defensor del libre mercado y promotor de las tomas de posesión extranjeras de la economía nacional.

La centralidad del mercado como principal mecanismo de modernización ha reforzado los lazos entre el mundo de los negocios y el gobierno central y los regímenes autónomos, particularmente en Cataluña. La liberalización, con su énfasis en la flexibilidad laboral, ha estimulado altos índices de paro y de empleo eventual, el declive de la organización social y una mayor desigualdad de rentas. Lo importante no son sólo las negativas consecuencias objetivas sino las respuestas subjetivas a estos procesos económicos. ¿Cómo viven los trabajadores jóvenes y mayores estas experiencias? ¿Cómo afectan las políticas económicas liberales a los trabajadores mayores, que entraron en el mercado laboral antes del proceso de liberalización, y a los trabajadores jóvenes que intentan conseguir empleos? ¿Qué diferencias en los ciclos vitales, valores y actitudes frente al trabajo surgen con estos cambios en el mercado laboral? ¿Cómo se experimenta la liberalización desde abajo? ¿Cuáles son las consecuencias humanas de las abstractas doctrinas económicas liberales?


(Fin de la primera parte)